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El TEAC anula una sanción de hacienda de por no acreditar suficientemente la culpabilidad de la empresa.

 

El Tribunal Económico Administrativo Central en una resolución de fecha 20/7/2017 anula una sanción de 10.973,35 euros impuesta a una empresa por entender que la Agencia Tributaria debió determinar con precisión los motivos en que se basa para considerar culpable a la empresa, no siendo motivos válidos: el ser una gran empresa y contar con un asesoramiento fiscal muy competente.

Para poder sancionar son necesarios dos elementos fundamentales: la culpabilidad, y la tipicidad en la conducta (elemento subjetivo y elemento objetivo).

Cabe recordar Sentencias del TS como la de 13 de abril de 2016 (Rec. 2071/2014) o 14 de diciembre de 2016 (Rec. 3942/2015) que declaran la necesidad que la Agencia Tributaria motive debidamente la imposición de las sanciones.

Así, la carga de la prueba de la culpabilidad recae sobre la Administración, pues existe una presunción de buena fe que debe ser desvirtuada. (TS 28 abril 2016, Rec. 894/2015)

En este caso, se advierte que la motivación de la Administración para imponer la sanción controvertida, se basaba únicamente en la circunstancia subjetiva de ser una Gran empresa y contar con un asesoramiento fiscal muy competente, y por ese hecho se le exige mayor grado de diligencia.

En consecuencia, el Tribunal estima la reclamación de la empresa y anula el acuerdo de imposición de sanción al obligado tributario.

Se trata de una resolución importante para la defensa de los contribuyentes en su relación con la Agencia Tributaria.

Seguimos en la lucha !!

EL SUPREMO DICE QUE HACIENDA NO TE PUEDE INSPECCIONAR SI ANTES PRACTICÓ UNA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

Nueva Sentencia contra la Inspección de Hacienda:

 

Continuamos con sentencias que dan la razón a los contribuyentes en sus relaciones con la Agencia Tributaria. Esta vez se trata de una sentencia de nuestro Tribunal Supremo que anula las actuaciones de la Inspección de Hacienda, así como la liquidación y la sanción impuesta.

La sentencia del Tribunal Supremo 1058/2017 de 15 de junio.

El Tribunal Supremo en Sentencia 1058/2017 de 15 de junio, desestima el recurso de interpuesto por el Principado de Asturias y la Administración del Estado, contra la sentencia del TSJ Asturias, y anula la liquidación girada en concepto de Impuesto de Sucesiones e igualmente anula la sanción tributaria impuesta.

No se puede inspeccionar cuando antes hubo una liquidación por el órgano de gestión.

El alto Tribunal indica que la Inspección de Hacienda se extralimita en la comprobación que efectúa por Impuesto de Sucesiones y afirma que una vez que el órgano de gestión tributaria efectuó una comprobación limitada y practicó una liquidación provisional y una sanción, ya no cabe que la inspección de hacienda inicie nuevas investigaciones y practique nuevas liquidaciones y sanciones, sobre los mismos hechos y conceptos.

Se atenta contra los principios de seguridad jurídica y de igualdad.

La sentencia dice expresamente que “no son admisibles por atentar contra los principios de seguridad jurídica y de igualdad entre las partes en la relación tributaria, las sucesivas regularizaciones con el argumento del carácter provisional de la liquidación practicada por los órganos de gestión y que se trata de procedimientos distintos, cuando las actuaciones realizadas en uno y en el otro cuando se refería a los mismos bienes y conceptos disponiendo de la Administración de idéntica información en ambos casos.

 

La Sentencia añade que en el caso analizado las "actuaciones" posteriores, no son distintas de las "realizadas y especificadas" por los órganos de gestión, pues ambas se refieren al concepto Impuesto sobre sucesiones y la reducción del 99% por adquisición de negocio, es decir, la Administración en el ámbito de sus actuaciones: Gestión e Inspección, se refirió siempre a los mismos bienes y conceptos, disponiendo de idéntica información en ambos casos. No puede admitirse ahora que, la Administración habiendo dispuesto desde el primer momento de toda la información facilitada por el sujeto pasivo, proceda vía actuación de la Inspección a regularizar y liquidar de nuevo atendiendo al mismo elemento de la obligación tributaria, y a documentos que ya obraban en su poder desde el momento de la declaración y que fueron o pudieron ser comprobados en vía de Gestión tanto al practicar la liquidación como al resolver el Recurso de Reposición.

Como veis, una buena noticia para los contribuyentes…

Sanciones por incumplir los plazos del SII

Ref. CISS 4247/2017

El Suministro Inmediato de Información (SII), está muy cerca, y modificará el sistema actual de llevanza de los libros de registro del IVA. Su entrada en vigor será el 1 de julio de 2017, y las arcas de Hacienda comienzan a prepararse para SANCIONAR si cumples con las nuevas obligaciones formales.

 

La norma establece la obligación de llevar los Libros Registro a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante el Suministro Inmediato de Información de los registros de facturación en los términos que se establecen reglamentariamente.

 

Según lo establecido el artículo 200.3 LGT se sanciona con multa pecuniaria proporcional de un 0,5% del importe de la factura objeto del registro, con un mínimo trimestral de 300 € y un máximo de 6.000 €.

En un movimiento que casi parecía orquestado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó este martes en un foro organizado por Cinco Días que la intención el Gobierno es introducir penalizaciones fiscales para aquellas empresas del sector privado que incumplan la Ley de Morosidad.

Lo previsible es que el Gobierno presente su propia propuesta de régimen sancionador sin subirse al carro de la de Ciudadanos. Porque en lo que no hay una postura común es en la forma de sancionar a las empresas morosas.

Según Montoro, “el proyecto del Gobierno es ir por la vía de la sanción tributaria en lugar de otras penas y multas” y, para ello, se harán los estudios pertinentes.

Por último, el documento establece como  infracciones muy graves la demora de más de 60 días, la resistencia en la colaboración con la autoridad inspectora, la falsificación de facturas o la reincidencia en dos infracciones graves.

Las sanciones leves irán de los 60 a los 2.045 euros, las graves de 2.046 a 40.985 euros y las muy graves de los 40.986 euros a los 819.780 euros. En todo caso, estas multas conllevarían la obligación de abonar las deudas pendientes de pago, incluidos los intereses de demora y una indemnización por costes de cobro.

Pero, más allá de las diferencias entre grupos políticos parlamentarios, todo apunta a que las empresas morosas están más cerca de sufrir el azote de Hacienda.

DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

Reclamamos a la Agencia Tributaria y otras Administraciones Públicas aquellas cantidades que indebidamente hayas pagado en concepto de impuestos y tasas.

Estudiamos tu caso y ponemos en marcha la estrategia necesaria para solucionar tus problemas cuando la Hacienda te cobró indebidamente por:

  • Plusvalía municipal.
  • IRPF / Declaraciones de Renta y/o Patrimonio.
  • IVA, Impuesto sobre el Valor Añadido.
  • Impuesto sobre Sociedades.
  • Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
  • Impuesto por Herencias / Donaciones.
  • Tasas y otros tributos.

Te defendemos, asesoramos y representamos en todo tipo de procedimientos para solicitar a la Administración Pública la devolución de las cantidades que pagó de forma indebida.

Defendemos el caso llegando si es necesario a los Tribunales, sobre todo cuando no es posible alcanzar un acuerdo satisfactorio para el contribuyente.

Son ya muchas las Sentencias de los Tribunales que dan la razón a los ciudadanos.

SERVICIOS INCLUIDOS

  • Consultas y reuniones con el cliente.
  • Estudio del Expediente, diagnóstico de la situación y diseño de la estrategia de defensa.
  • Intervención en todos los actos de abogados y asesores fiscales expertos en la materia.
  • Comparecencias ante los órganos competentes de la Administración.
  • Solicitud de devolución de ingresos indebidos.
  • Confección y presentación de Recursos ordinarios y extraordinarios.
  • Reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo.
  • Intervención profesional en vía judicial. Defensa ante los Juzgados Contencioso Administrativo.

NUESTROS 20 AÑOS DE EXPERIENCIA, SU MEJOR GARANTÍA