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En un movimiento que casi parecía orquestado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó este martes en un foro organizado por Cinco Días que la intención el Gobierno es introducir penalizaciones fiscales para aquellas empresas del sector privado que incumplan la Ley de Morosidad.

Lo previsible es que el Gobierno presente su propia propuesta de régimen sancionador sin subirse al carro de la de Ciudadanos. Porque en lo que no hay una postura común es en la forma de sancionar a las empresas morosas.

Según Montoro, “el proyecto del Gobierno es ir por la vía de la sanción tributaria en lugar de otras penas y multas” y, para ello, se harán los estudios pertinentes.

Por último, el documento establece como  infracciones muy graves la demora de más de 60 días, la resistencia en la colaboración con la autoridad inspectora, la falsificación de facturas o la reincidencia en dos infracciones graves.

Las sanciones leves irán de los 60 a los 2.045 euros, las graves de 2.046 a 40.985 euros y las muy graves de los 40.986 euros a los 819.780 euros. En todo caso, estas multas conllevarían la obligación de abonar las deudas pendientes de pago, incluidos los intereses de demora y una indemnización por costes de cobro.

Pero, más allá de las diferencias entre grupos políticos parlamentarios, todo apunta a que las empresas morosas están más cerca de sufrir el azote de Hacienda.